Recurrida la licitación de la Carpa del Carnaval de Cádiz 2026 por posibles irregularidades en el proceso de adjudicación
El procedimiento de licitación de la Carpa del Carnaval de Cádiz 2026, uno de los espacios festivos de mayor relevancia de la fiesta gaditana, ha quedado bajo revisión tras la presentación de un recurso administrativo y una denuncia en la que se advierte de posibles distorsiones de la competencia. El concurso público, que aún no cuenta con adjudicación definitiva, está siendo analizado por los servicios jurídicos municipales a la espera de una resolución formal.
El Ayuntamiento de Cádiz ha recibido un recurso de reposición contra el acta de la Mesa de Contratación, acompañado de un escrito que solicita investigar la existencia de posibles indicios de colusión entre empresas licitadoras. Este término hace referencia a una eventual coordinación entre operadores económicos para alterar la libre competencia en un procedimiento público, algo expresamente prohibido por la normativa vigente en materia de contratación.
El concurso establece un precio de salida de 127.600 euros y ha contado con la participación de cinco empresas. Según consta en el expediente, la oferta económica más elevada alcanzó los 455.875 euros, una cifra que multiplica por más de tres el canon mínimo fijado en los pliegos. No obstante, las dos propuestas mejor valoradas habrían renunciado al procedimiento, una circunstancia que ya se produjo en la edición anterior del Carnaval y que podría derivar, de nuevo, en la adjudicación a Global Transaction España S.L., empresa que gestionó la carpa en 2025 tras un escenario similar.
La denuncia administrativa, registrada en el Ayuntamiento el pasado 17 de enero, pone el foco en la evolución del procedimiento y en una serie de circunstancias que, a juicio del denunciante, comprometen los principios de transparencia, igualdad y libre concurrencia. Entre los elementos señalados figura el elevado incremento de las ofertas económicas respecto al precio base, unido a un número reducido de licitadores, un patrón que, según el escrito, se estaría repitiendo en varios ejercicios consecutivos.
En estos momentos, la licitación permanece oficialmente sin adjudicación, a la espera de la aprobación expresa por parte de la Junta de Gobierno Local. Pese a ello, el expediente se encuentra en una fase intermedia en la que se ha requerido documentación al licitador mejor posicionado, un trámite habitual previo a la adjudicación definitiva que, según fuentes jurídicas, no supone en ningún caso la concesión formal del contrato.
El recurso también recuerda lo sucedido en la licitación de la Carpa del Carnaval de Cádiz 2025, cuando cuatro de las cinco empresas mejor clasificadas renunciaron o no completaron la documentación exigida, provocando que la adjudicación recayera finalmente en la quinta oferta en orden económico. Este desenlace llevó al Ayuntamiento a introducir en la licitación de 2026 una fianza de 20.000 euros, diseñada para disuadir renuncias estratégicas una vez presentadas las propuestas.
Según recogen los pliegos, dicha fianza se pierde en caso de retirada injustificada tras la presentación de la oferta. No obstante, la denuncia sostiene que, pese a esta medida correctora, los comportamientos observados en el proceso actual presentan similitudes con los del año anterior y deberían ser objeto de un análisis específico por parte del órgano de contratación.
El escrito también señala la reiteración de determinadas empresas o entornos empresariales en este tipo de autorizaciones municipales, así como la repetición de dinámicas similares en distintos ejercicios, como la presentación de ofertas muy elevadas, renuncias posteriores y la concentración de adjudicaciones en un número reducido de operadores. La acumulación de estos factores, según el denunciante, constituiría un conjunto de indicios suficientes para justificar una investigación más profunda.
Asimismo, se advierte de que, pese a no existir todavía una adjudicación aprobada ni publicada en el perfil del contratante, se estarían produciendo actuaciones que podrían anticipar de facto el resultado del procedimiento. Analizadas en conjunto, estas circunstancias reforzarían la percepción de que el proceso podría estar condicionado de antemano, una situación incompatible con los principios que rigen la contratación pública.
Fuentes especializadas en derecho administrativo recuerdan que la Ley de Contratos del Sector Público obliga al órgano de contratación a actuar cuando existen indicios que puedan afectar a la libre competencia. La normativa contempla la posibilidad de comunicar estos hechos a la autoridad de competencia incluso antes de la adjudicación, sin necesidad de que exista una infracción plenamente acreditada, así como la apertura de trámites de audiencia a las empresas implicadas.
Por el momento, el Ayuntamiento de Cádiz no ha hecho pública ninguna decisión definitiva. El expediente continúa abierto y está siendo examinado por los servicios jurídicos municipales y la Secretaría General, mientras se estudian tanto el recurso de reposición como la denuncia presentada. La resolución final, que deberá ser aprobada formalmente por la Junta de Gobierno Local, determinará el desenlace de un procedimiento que vuelve a situar bajo el foco la gestión de uno de los espacios más estratégicos del Carnaval de Cádiz.
