Hay historias del Carnaval de Cádiz que parecen escritas para una copla, pero que pertenecen a la memoria política de la ciudad. Una de ellas ocurrió en 1983, cuando el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, llegó al Gran Teatro Falla y se encontró con algo que hoy resultaría difícil de imaginar: no pudo entrar.
El contexto era el de un concurso en el que los accesos estaban sometidos a un control especialmente estricto. Según recuerda el autor de estas líneas, el Partido Comunista había situado en las puertas a personas encargadas de controlar las entradas y evitar el tradicional ‘colarse’ de invitados y cargos.
El responsable de la puerta principal no reconoció privilegios al presidente de la Junta y le impidió el acceso. Fue necesario localizar a Pepe Mena para solucionar la situación y conseguir que Escuredo pudiera finalmente subir al palco.
Una escena pequeña, pero cargada de simbolismo: el poder político llamando a la puerta del Falla y encontrándose con alguien que le decía que allí, al menos aquella noche, había que enseñar la entrada.
El Falla y una vieja tradición de privilegios
La anécdota sirve como punto de partida para una reflexión mucho más amplia sobre la relación entre política, privilegios y dinero público.
Porque, cuatro décadas después, la sensación que queda es que aquella igualdad ante la puerta del Falla ha desaparecido de buena parte de la vida pública española.
Los ejemplos que se acumulan —y las preguntas que algunos de ellos dejan abiertas— alimentan la percepción de que existen ciudadanos con un acceso al poder, a los recursos públicos y a determinados privilegios muy diferente al del resto.
El presidente del Gobierno disfruta de vacaciones en La Mareta acompañado de familiares y con un dispositivo de servicio y seguridad sufragado con fondos públicos. Ministros y dirigentes políticos participan en determinados acontecimientos rodeados de familiares y amigos mientras el debate sobre quién paga y con qué finalidad aparece inevitablemente.
Y el fenómeno no se limita a una formación política.
De Cádiz a Madrid: una cuestión que atraviesa partidos
En Cádiz también existe memoria de episodios de este tipo.
El autor recuerda al entonces concejal socialista y vicepresidente de la Diputación Fernando Suárez, quien, según relata, llegó al Falla acompañado por una veintena de personas y, ante el portero, habría pronunciado aquella frase tan reveladora: «Estos vienen conmigo».
Y todos entraron.
También permanecen en la memoria determinadas imágenes de los años de gobierno socialista, con palcos ocupados por familiares y personas próximas al poder, o aquella carroza de Carlinhos Brown en 2012, en la que los allegados de dirigentes del Partido Popular disfrutaban de la fiesta desde una posición privilegiada.
Son episodios diferentes, protagonizados por partidos distintos y en momentos distintos. Precisamente por eso, la cuestión no debería reducirse a una pelea partidista.
El problema no es quién ocupa el despacho
Porque el problema de fondo no es si el privilegiado viste de rojo, azul, verde o cualquier otro color.
El problema aparece cuando el cargo público, la amistad, el parentesco o la proximidad política se convierten en una puerta de entrada a recursos, puestos, viajes, contratos o espacios reservados que no están al alcance del ciudadano corriente.
En Cádiz han circulado durante años acusaciones y polémicas sobre contrataciones, asesores, empresas municipales, Onda Cádiz, Canal Sur o determinadas relaciones entre dirigentes y personas de su entorno. Algunas cuestiones han terminado en los tribunales, otras en expedientes administrativos y otras permanecen como denuncias políticas o periodísticas que deben distinguirse claramente de los hechos judicialmente acreditados.
Esa diferencia es fundamental.
No todo lo que se denuncia es delito. No toda sospecha es una prueba. Y no toda relación personal implica necesariamente un trato de favor.
Pero tampoco debería utilizarse esa cautela imprescindible para impedir que se hagan preguntas.
Los asesores y la frontera entre confianza y privilegio
Otro capítulo de esta historia es el de los asesores políticos.
La Administración necesita personal de confianza. Es legítimo que los gobiernos cuenten con personas que les ayuden a desarrollar su trabajo. La cuestión aparece cuando el ciudadano empieza a preguntarse qué funciones desempeñan realmente algunos de esos cargos, cuánto cuestan y qué méritos justifican su designación.
Los llamados ‘asesores’ se han convertido demasiadas veces en el blanco de una sospecha generalizada: personas próximas a dirigentes que encuentran en la política una salida profesional que difícilmente habrían obtenido mediante un procedimiento abierto.
Cuando además aparecen familiares, parejas, amigos o colaboradores habituales, la desconfianza crece.
Y esa desconfianza no se combate con propaganda. Se combate con transparencia.
La igualdad no puede depender del apellido
En los últimos años han proliferado en España debates sobre familiares de presidentes, parejas de dirigentes, hermanos de políticos, colocaciones en empresas públicas, nombramientos en medios de comunicación y puestos de confianza.
Cada caso tiene sus circunstancias y debe analizarse con documentación y garantías. Pero todos ellos comparten una pregunta sencilla:
¿Habría ocurrido lo mismo si la persona no hubiera tenido esa relación con el poder?
Esa debería ser una de las preguntas esenciales de cualquier democracia.
Porque la igualdad ante la ley no significa que todos tengan exactamente las mismas oportunidades económicas o profesionales. Significa, entre otras cosas, que el apellido, el cargo del familiar o la amistad con un dirigente no pueden convertirse en un atajo hacia lo público.
Volvamos a aquella puerta del Falla
Por eso resulta tan significativa aquella escena de 1983.
Un presidente autonómico llegó al Gran Teatro Falla y un hombre apostado en la puerta decidió que no entraba porque no tenía autorización.
No importó que fuera el presidente de la Junta de Andalucía.
No importó que estuviera acostumbrado a que las puertas se abrieran a su paso.
La puerta permaneció cerrada hasta que alguien solucionó formalmente el problema.
Quizá aquella escena debería formar parte de la memoria del Carnaval tanto como sus coplas.
Porque el Carnaval siempre ha tenido una virtud extraordinaria: poner al poderoso frente al espejo.
Ha ridiculizado presidentes, alcaldes, ministros, concejales y banqueros. Ha señalado enchufes, privilegios y abusos. Ha convertido en cuplé aquello que en un despacho parecía intocable.
Y quizá por eso resulta especialmente preocupante que, fuera del escenario, la distancia entre quienes mandan y quienes obedecen parezca crecer.
Que vuelvan a pedir la entrada
No se trata de impedir que un político entre en el Falla.
Se trata de que, si necesita una entrada, la tenga como cualquier otro.
De que un viaje oficial tenga una justificación oficial. De que un puesto público responda a criterios profesionales. De que un asesor tenga funciones concretas. De que una empresa municipal no sea un cortijo. De que un medio público no se convierta en una agencia de colocación. De que las instituciones expliquen cuánto cuestan los privilegios y quién los disfruta.
Y, sobre todo, de que la política vuelva a entender algo que aquel portero del Falla parecía tener muy claro en 1983:
el cargo no convierte a nadie en propietario de lo público.
Porque cuando las puertas dejan de ser iguales para todos, la igualdad deja de ser un principio y se convierte en una palabra escrita en un papel.
Y entonces solo queda aquella vieja sentencia gaditana que resume mejor que cualquier discurso el malestar de muchos ciudadanos:
nos mean en la cara y dicen que llueve.
Con estos bueyes aramos.
Periodista y gestor de contenidos digitales especializado en la cobertura de la actualidad local, el periodismo ciudadano y la investigación de las fiestas populares andaluzas. Con una dilatada trayectoria en medios locales, se dedica al análisis analítico, la crónica de actualidad y el archivo documental de las tradiciones que definen la identidad de nuestra tierra. Apasionado de la fotografía digital y la narrativa multimedia, busca conectar la información de rigor con las audiencias digitales a través de crónicas detalladas y reportajes a pie de calle.
